El pasado 27 de abril el Ministro de Economía anunciaba la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes multinacionales digitales para cubrir la subida presupuestaria de las pensiones.
Esta tasa tiene como objetivo solventar los desequilibrios que actualmente se dan dentro de la zona euro, donde las grandes empresas han aprovechado la legislación actual para operar en toda la Unión tributando solo desde países como Irlanda o Luxemburgo, donde cuentan con mayores ventajas fiscales.
Esto supone que las empresas digitales hagan uso de las infraestructuras y estabilidad financiera de cada país sin que estén realmente aportando a su mantenimiento.
Y es que en el actual marco legal, se han llegado a dar situaciones como la del año 2016, cuando Facebook tributo apenas unos 182.000 euros en concepto de impuesto de sociedades debido a que la sede en Dublín facturaba todos los ingresos publicitarios recaudados en nuestro país.
Aunque parece que el gigante de las redes sociales ha decidido virar su política y empezar a facturar a nivel local en todos los países de la UE, esta medida anunciada por Montoro -y que será propuesta dentro del marco del Pacto de Toledo- supone el primer adelanto de la reforma fiscal que actualmente se debate en la eurocámara.
Esta propuesta de Bruselas tiene como objetivo aplicar este nuevo impuesto a todas las empresas que superen los 7 millones de euros de facturación, tengan más de 100.000 usuarios anuales o cierren más de 3.000 contratos de negocio anuales entre empresa y usuario.
De momento no ha sido aprobada, pero a corto plazo la Unión Europea ya se ha propuesto aplicar un impuesto inmediato del 3 % sobre la facturación a los negocios que obtengan ingresos por la publicidad o venta de datos, marketplaces, plataformas de economía compartida o suscripciones a servicios de streaming -aunque realmente se da un margen a cada país para aplicarlo con un margen entre el 1 % y el 7 %-. Una cifra inferior a la que ya tributan algunas de las grandes empresas del sector en nuestro país (4,5 %).
Este última medida, con la que se espera recaudar unos 5.000 millones, sería aplicada todos los años fiscales en cada país miembro de la UE, sin embargo, solo concernería a las empresas que facturan más de 750 millones de euros a nivel mundial o 50 millones a nivel Europeo.
De todos modos, está por ver su posible aplicación, ya que países como Irlanda advierten que las grandes multinacionales podrían tomar medidas legales para vetar las propuestas en caso de ser excesivas.